En 2024, el Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, un cambio estructural significativo para modernizar y agilizar la justicia en España. El principal cambio es la creación de los Tribunales de Instancia, que sustituirán a los actuales juzgados unipersonales. Estos tribunales, de carácter colegiado, unificarán todos los juzgados de primera instancia en cada partido judicial, reduciendo los 3.800 juzgados a 431 y favoreciendo la especialización y unificación de criterios.

La reforma también introduce las Oficinas de Justicia en todos los municipios, que actuarán como puntos de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia, permitiendo realizar trámites telemáticos sin necesidad de desplazarse a las capitales. Además, se refuerzan los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), especialmente en los ámbitos civil y mercantil, para aligerar la carga judicial.

El BOE del 6 de noviembre publicó el Real Decreto-ley 6/2024, adoptando medidas urgentes para responder a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El Real Decreto-ley entra en vigor el 7 de noviembre de 2024 y establece medidas de apoyo económico y social, con énfasis en la Seguridad Social.

Entre las principales disposiciones, se incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas afectadas, tanto en ERTE como en pagos directos, con plazos ampliados para el ingreso de cuotas. Se otorgan aplazamientos, moratorias y beneficios para los autónomos afectados, incluyendo el derecho a prestaciones por cese de actividad.

Además, se contempla la ampliación del ingreso mínimo vital y pensiones no contributivas para los beneficiarios en las zonas afectadas. La ley también suspende los plazos procesales en el orden social y permite la interrupción de plazos judiciales debido a la catástrofe.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la nueva Ley del Derecho a la Defensa, que entrará en vigor el 3 de diciembre de 2024. La norma, aprobada como Ley Orgánica, busca mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y reconoce el derecho a utilizar las lenguas cooficiales en todos los tribunales, incluidos el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Esto incluye la posibilidad de recibir comunicaciones judiciales en dichas lenguas, en las comunidades autónomas correspondientes.

La ley también amplía el derecho a la defensa en procedimientos alternativos como la mediación y el arbitraje, y asegura un lenguaje claro en todos los actos procesales. Además, regula la asistencia jurídica a través del turno de oficio, garantizando su accesibilidad universal y transparencia en los honorarios.

Un aspecto relevante es la posibilidad de suspender procedimientos judiciales por fuerza mayor, como enfermedades graves, fallecimientos o nacimientos, permitiendo a los abogados ajustar los calendarios procesales en situaciones excepcionales. La ley, inicialmente aprobada en abril de 2023, se reactivó tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

El Tribunal Supremo ha precisado los requisitos económicos para solicitar un visado de estancia para estudios en España. Según la sentencia de 20 de noviembre, el solicitante debe garantizar los medios económicos suficientes para cubrir los gastos de estancia y regreso, pero no necesariamente para el viaje inicial. En cuanto a los gastos de estancia, deben cubrir el 100% del IPREM, a menos que se demuestre que ya están abonados los gastos de alojamiento y manutención, que incluyen alimentación, vestido y transporte.

El Supremo aclara que los gastos de "estancia" incluyen más que solo el alojamiento en sentido estricto, como vivienda, y deben considerar también otros costos esenciales para la vida diaria, como la manutención y el transporte.

En cuanto al cálculo del IPREM, el Tribunal reafirma que no deben incluirse las pagas extraordinarias al calcular los fondos disponibles para la estancia. En el caso concreto, el Supremo considera que los recursos acreditados por el solicitante eran suficientes, y por ello, estima el recurso y concede el visado solicitado.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto un conflicto sobre la pensión alimenticia de una hija menor, incrementando la cantidad a 500 euros mensuales. El tribunal consideró que la situación económica del padre, que había cesado su actividad empresarial como pescadero debido a una enfermedad y a la espera de una operación de cadera, no fue suficientemente justificada.

Aunque el padre alegó dificultades por su salud, la Sala concluyó que no presentó pruebas claras sobre el cierre de su negocio, el cual continuaba generando ingresos antes de la baja. Además, la justificación del cese de su actividad no resultó convincente, dado que no existían pruebas de que su situación económica hubiera empeorado de forma significativa.

La decisión subraya que la falta de transparencia y la insuficiencia de pruebas perjudican el interés de la hija, lo que llevó a la Audiencia a elevar la pensión alimenticia de 200 a 500 euros, teniendo en cuenta que el padre, aunque actualmente inactivo, probablemente reanudará su actividad económica en el futuro cercano.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha declarado fija a una médica internista del Servicio Canario de Salud tras 18 años de contratación temporal en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La sentencia concluye que la concatenación de contratos temporales desde 2006 constituye un abuso en la contratación y fraude de ley.

El fallo, basado en jurisprudencia del TJUE, destaca que la afectada superó un proceso selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, justificando así su condición de personal estatutario fijo. La Administración argumentó razones coyunturales para los contratos, pero el tribunal rechazó esta defensa, considerando injustificable la prolongada temporalidad.

El caso subraya la responsabilidad administrativa en evitar abusos laborales y plantea un precedente significativo para otros trabajadores en situaciones similares. La sentencia puede ser recurrida en apelación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la acumulación de procedimientos judiciales en nombre de una supuesta economía procesal puede vulnerar la tutela judicial efectiva, al impedir que los ciudadanos presenten sus propios argumentos. Este fallo se centra en un caso polaco relacionado con 8.000 recursos sobre la resolución del Getin Noble Bank, donde se buscaba agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, el TJUE subrayó que el derecho a un juicio individual debe prevalecer, instando a los jueces nacionales a garantizar tiempos razonables de resolución sin comprometer este principio.

Además, la sentencia aborda la independencia de las autoridades de resolución, destacando la necesidad de evitar conflictos de interés en casos como el de Getin Noble Bank. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad de entidades supervisoras en resoluciones bancarias pasadas, como las de Banco Popular y Bankia en España, resaltando la relevancia de garantizar estructuras independientes y transparentes.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha consolidado su posición como la asociación de jueces con mayor crecimiento en España durante 2024, alcanzando 933 miembros, 48 más que el año anterior. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 58% de los jueces y magistrados activos en España están afiliados a alguna asociación, destacando el impulso de la AJFV frente a la estabilidad o decrecimiento de otras.

En términos históricos, la AJFV es también la asociación que más ha crecido en los últimos 20 años, sumando 523 nuevos miembros desde 2004. En comparación, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque sigue siendo la mayoritaria con 1.412 integrantes, ha experimentado un aumento menor, mientras que otras asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han visto disminuir su base de afiliados. Este panorama refuerza el dinamismo y la influencia creciente de la AJFV dentro del ámbito judicial español.

Pérez-Llorca e IE Law School celebraron una jornada para analizar cómo las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, están transformando el sector asegurador. Durante el evento, expertos como Joaquín Ruiz Echauri, David González Gallardo y Raúl Rubio exploraron las implicaciones prácticas y regulatorias de la IA en las aseguradoras.

Se destacó que la IA está optimizando procesos como la tramitación de siniestros y la atención al cliente, pero también plantea desafíos éticos y legales. Los ponentes señalaron la importancia de una gobernanza sólida, la creación de comités éticos y la incorporación de figuras clave como el Chief Data Officer. Además, la regulación europea sobre IA, incluyendo el concepto de «IA de alto riesgo», implica responsabilidades mayores para creadores y aseguradoras en caso de daños. Esta evolución requerirá que el sector se adapte a nuevos marcos normativos y transforme sus productos para gestionar estos riesgos.

España ha perdido su recurso en los tribunales británicos para cobrar 855 millones de euros a la aseguradora London P&I Club por los daños causados tras el hundimiento del petrolero Prestige en 2002. El Tribunal de Apelación de Londres ha rechazado ejecutar la sentencia española, argumentando que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que favorecía la postura española, excedió su jurisdicción y no tiene vinculación en el Reino Unido.

El fallo contradice el dictamen del TJUE en 2022, que establecía que el arbitraje británico no podía bloquear la condena a la aseguradora. Sin embargo, los tribunales británicos mantienen una postura distinta, negándose a asumir responsabilidad en base a esas decisiones.

En España, el Tribunal Supremo ya había declarado culpables al capitán del buque y a la aseguradora, imponiendo indemnizaciones millonarias. Este último revés judicial complica aún más los esfuerzos del Estado español para recuperar la compensación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto que redefine el Derecho de Rectificación, adaptándolo al entorno digital y combatiendo la desinformación. Esta iniciativa, parte del ‘Plan de Acción por la Democracia’, busca proteger a los ciudadanos frente a bulos y noticias falsas, incluso extendiendo el alcance de la ley a influencers con gran audiencia. Según el ministro Félix Bolaños, la norma garantiza respuestas rápidas y accesibles, agilizando los procesos de rectificación en plataformas digitales y medios tradicionales.

Entre los cambios más relevantes, destaca la posibilidad de que familiares ejerzan el derecho tras el fallecimiento de un afectado, así como nuevas medidas para asegurar que la rectificación sea visible y vinculada a la información original. La normativa también introduce procedimientos más simples en el ámbito judicial, buscando frenar la proliferación de mentiras en el debate público y fortalecer la confianza en la información veraz, esencial para la democracia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que busca impulsar la innovación financiera mediante tecnologías avanzadas, asegurando ciberresiliencia, estabilidad y seguridad en el sector. Destacan las siguientes medidas:

Ciberresiliencia: Aplicación del Reglamento DORA con sanciones y extensión de medidas a operadores de sistemas de pago.

Criptoactivos: Regulación bajo MiCA, ajustando normativas de blanqueo y registro de proveedores en la CNMV.

Tecnología DLT: Impulso para representar instrumentos financieros tradicionales como acciones y bonos.

Sandbox financiero: Simplificación del acceso, menor carga administrativa y visibilidad de proyectos.

Pagos instantáneos: Fomento de competencia, modernización de sistemas y supervisión por el Banco de España.

Información financiera: Creación del Punto de Acceso Único Europeo para estandarizar y digitalizar datos.

El paquete normativo actualiza directivas comunitarias, promoviendo la digitalización y confianza en el mercado financiero español.

El Consejo General de la Abogacía y plataformas mutualistas han pedido al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, replantear la gestión de las mutualidades desde los derechos constitucionales, conforme a los artículos 50 y 41, que garantizan pensiones dignas y actualizadas.

Durante una reunión en el Ministerio de Inclusión, representantes de la Abogacía, liderados por Ignacio Gally y Albert Sierra, ofrecieron informes de expertos que critican el enfoque asistencial actual. Destacaron como positiva la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, abriendo un debate parlamentario que consideran clave para una solución dialogada.

La DANA en Valencia ha generado riesgos laborales, suspensiones y posibles despidos. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ofrece orientación sobre derechos y responsabilidades:

¬Interrupción de Actividad: Los trabajadores pueden detener su actividad si hay riesgo grave. Si la empresa no actúa, los representantes pueden acordar la paralización.

¬ERTEs por Fuerza Mayor: Permiten la suspensión de contratos o reducción de jornada. La empresa debe notificar oficialmente a los trabajadores.

¬Despido Colectivo: Puede ocurrir por fuerza mayor, siguiendo un procedimiento específico. Es importante consultar sobre derechos de indemnización.

¬Permiso Retribuido: Se permite hasta cuatro días de permiso por fuerza mayor.

¬Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Las empresas deben implementar políticas de RSC para apoyar el bienestar de los trabajadores y facilitar la recuperación.

En el II Congreso Internacional de Sostenibilidad de la World Compliance Association, Isabel Tocino, vicepresidenta de Banco Santander, destacó el desafío de la industria automotriz europea, que enfrenta una competencia feroz con China en la producción de coches eléctricos. Las estrictas regulaciones de sostenibilidad de la UE ponen en desventaja a empresas como Volkswagen, que evalúa cerrar fábricas. Tocino enfatizó la necesidad de una regulación balanceada que permita sostenibilidad sin sacrificar competitividad.

Durante el congreso, expertos discutieron el auge de la sostenibilidad como factor decisivo en la gestión empresarial, el impacto de la IA en la reducción de la huella de carbono, y el papel de los profesionales de ESG en el cumplimiento normativo. Además, se subrayó la creciente litigiosidad climática y la importancia de la IA en la eficiencia energética, mientras se alertaba sobre su impacto medioambiental en su entrenamiento y uso.

El Patronato de la Fundación ICAM Cortina, en representación de la abogacía madrileña, aprobó un plan de actuación para 2025 con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros destinado a fortalecer la acción social y cultural. Eugenio Ribón, presidente de la Fundación, subrayó el compromiso de crear una comunidad de apoyo para los colegiados, enfocándose en su bienestar integral.

Las prioridades para 2025 incluyen el refuerzo del Fondo de Solidaridad, nuevas ayudas para colegiados vulnerables, y la ampliación del Programa Bienestar, con un Observatorio del Bienestar para estudiar la salud mental de los abogados. Además, se expandirá la red de voluntariado a 2,000 abogados, y se fortalecerán iniciativas de apoyo social y cultural, como torneos y actividades intergeneracionales. La Fundación busca así consolidar un impacto social duradero y promover el sentido de comunidad en la abogacía madrileña.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia 289/2024, resolvió que la aseguradora de un médico fallecido por COVID no debe indemnizar a su esposa, beneficiaria del seguro. Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia falló a favor de la indemnización, al considerar que el contagio ocurrió en su labor como médico.

Sin embargo, la Audiencia revocó esta decisión, considerando que el contagio por contacto no se clasifica como "accidente" según el art. 100 de la LCS ni las definiciones de la póliza, que cubre solo lesiones causadas por una "acción violenta y súbita". Además, el seguro excluye "enfermedades" y define "accidente" como pinchazos o inoculaciones, no contagios por contacto.

La Audiencia Provincial de Málaga ha concedido una indemnización de 3.000 euros por daño moral a un ciudadano detenido injustamente, tras pasar una noche en el calabozo y ser conducido al Juzgado engrilletado. La decisión, emitida el 30 de mayo, destaca que, aunque el ciudadano opuso resistencia al arresto, este no participó en las peleas que motivaron la intervención policial, habiéndose demostrado que la sangre en su camiseta era resultado de su intento de separar a otros.

El tribunal rechazó las declaraciones contradictorias de los policías al no tener valor probatorio superior. En la resolución se menciona el sufrimiento moral del denunciante debido a la privación de libertad, golpes recibidos y humillación al ser procesado, factores que sustentaron la compensación económica y establecieron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El Consejo de Ministros aprobó la distribución del Fondo de Bienes Decomisados, financiado con bienes incautados en casos de narcotráfico. Este fondo, gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, financia programas para la prevención, lucha y asistencia relacionados con las drogas.

Para 2024, de los 20 millones asignados, 11 millones fueron destinados a la reducción de la demanda, repartidos entre comunidades autónomas, corporaciones locales y proyectos internacionales. Los 7,6 millones restantes se enfocaron en el control de la oferta, distribuidos entre el Ministerio del Interior, la AEAT, la Fiscalía Antidroga y otros organismos.

La CNMC dictaminó que exigir licencias para puntos de recarga eléctrica vulnera la LGUM, siendo suficiente una declaración responsable. Murcia, en cambio, puede condicionar el precio de recarga en espacios públicos para favorecer al usuario. En servicios técnicos, la CNMC pidió archivar un recurso contra Castilla-La Mancha y exigió a la SETID admitir proyectos de ingenieros industriales, amparada en jurisprudencia del Tribunal Supremo. La CNMC también consideró desproporcionada la exigencia de formación específica en Murcia y la limitación de Madrid y Castilla y León sobre quién puede firmar ciertos proyectos. En fibra óptica, Asturias denegó permisos sin justificación, lo que la CNMC cuestiona.

El Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suances, presentó al Parlamento gallego la memoria de 2023, que evidencia un incremento del 12% en los delitos contra la mujer y los delitos informáticos. También se registró un aumento general del 2% en la criminalidad, siendo comunes delitos como lesiones, robos y hurtos.

Suances subrayó que los delitos de violencia contra la mujer son prioritarios y animó a las víctimas a denunciar. En 2023 se registraron tres feminicidios en Galicia, un aumento respecto a 2022. Además, alertó sobre el aumento de los delitos informáticos, que también crecieron un 12%, y prevé que esta tendencia continúe.

En el II Congreso Internacional de Sostenibilidad, organizado por la World Compliance Association en Madrid, Cristina Retana de Aranzadi LA LEY destacó el nuevo reglamento europeo de IA como un paso crucial para el desarrollo sostenible de esta tecnología. Según Retana, este marco normativo refuerza la sostenibilidad como pilar fundamental en el desarrollo de herramientas de IA.

Isabel Tocino, vicepresidenta del Banco Santander, alertó sobre la competitividad de las empresas europeas en el sector de los coches eléctricos frente a China, dado el impacto de las regulaciones ambientales. Por ello, planteó la necesidad de equilibrar sostenibilidad y competitividad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el informe "Internet seguro por defecto para la infancia y el papel de la verificación de edad", que aborda la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Internet sin comprometer la privacidad de todos los usuarios. El informe analiza el cumplimiento de los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normativas enfocadas en la protección de menores.

Las asociaciones judiciales han expresado su "profunda preocupación" ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y las mutuas que proporcionan asistencia sanitaria a los miembros de la carrera judicial y sus familias. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) alertaron que la falta de licitación de estos servicios podría dejar sin cobertura sanitaria a los beneficiarios de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

La Universidad de Granada organizó las Jornadas Internacionales sobre los desafíos jurídicos de la IA, donde se discutieron temas clave relacionados con la sostenibilidad, la transparencia de los algoritmos y el uso de herramientas de IA en el ámbito judicial.

Durante la primera mesa, Rosana Montes Soldado destacó la importancia de adoptar medidas éticas y sostenibles en el uso de la IA para mitigar su impacto ambiental. En la segunda mesa, se abordó la necesidad de transparencia en los algoritmos públicos, con énfasis en la protección de derechos fundamentales. Finalmente, Alfonso Peralta recalcó la importancia de integrar lo humano y lo digital en los sistemas de IA judiciales, destacando los principios de la Carta Ética Europea.

El Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado que los juzgados de violencia sobre la mujer gestionen todos los delitos relacionados con la violencia económica, garantizando asistencia jurídica inmediata y gratuita a las víctimas. Durante las XII Jornadas de Abogados de Violencia de Género, se subrayó la importancia de reconocer la violencia económica como un tipo específico de violencia de género. Además, se destacó la necesidad de ampliar la definición de violencia vicaria y se rechazó la comarcalización de los juzgados especializados. También se pidió proteger a mujeres españolas migrantes víctimas de violencia, solicitando recursos adecuados para prestarles asistencia jurídica.

La International Bar Association (IBA) se ha unido al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la Inteligencia Artificial (IA), el primer tratado internacional legalmente vinculante para regular la IA. Este convenio busca asegurar que los sistemas de IA respeten los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la IBA, subrayó la importancia de que abogados y colegios promuevan su adopción. Esta adhesión sigue el informe "The Future is Now", en el que la IBA y el CAIDP remarcan el papel clave del sector legal en la gobernanza de la IA, garantizando transparencia y equidad en el uso de esta tecnología.

El Consejo General del Notariado trabaja en relanzar la plataforma Iber@, que facilita el intercambio de documentos oficiales entre países iberoamericanos. La plataforma conecta a operadores de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), promoviendo la colaboración entre jueces, fiscales y autoridades judiciales. Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB, destacó que Iber@, creada en 2004, fue revitalizada en 2019 con el Tratado de Medellín. La plataforma es segura, comparada con el sistema del Banco de España, y ayuda en procesos como extradiciones y operaciones contra el blanqueo de capitales. Además, se planea desarrollar una app móvil para mejorar la seguridad y eficiencia.

El artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (29/94) regula el desistimiento en contratos firmados por un solo cónyuge o conviviente. Si el arrendatario no comunica el desistimiento, el cónyuge o pareja puede continuar el contrato si avisa al arrendador dentro del plazo establecido. Si no, el contrato se extingue. El arrendador puede solicitar la voluntad del cónyuge, pero no está obligado. Si el contrato fue firmado por ambos cónyuges, uno no puede desistir unilateralmente sin novación del contrato. Existe jurisprudencia que acepta excepciones, permitiendo que un coarrendatario se desvincule bajo ciertas condiciones.

En la propiedad horizontal, todos los propietarios deben pagar los gastos comunes según el art. 9.1.e) de la LPH, incluso si no utilizan ciertos servicios o su propiedad está desocupada, salvo que existan exoneraciones específicas en los estatutos o un acuerdo de la comunidad. La jurisprudencia ha declarado nulas las cláusulas que eximen a los promotores del pago de estos gastos hasta la venta de los inmuebles. Los propietarios no pueden dejar de pagar unilateralmente por no utilizar elementos comunes, y en algunos casos deberán contribuir, aunque no puedan acceder a ciertos servicios, como ascensores, de acuerdo con su cuota de participación.

Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, los progenitores deben organizar el tiempo de sus hijos, especialmente si están separados. El acuerdo sobre las vacaciones suele incluirse en el convenio regulador aprobado por el juez, siempre que no sea perjudicial para los hijos o alguno de los cónyuges.

Si no se llega a un acuerdo, la autoridad judicial puede intervenir para fijar las vacaciones. En caso de cambios en las circunstancias, se puede modificar el convenio judicialmente. La mediación familiar es una alternativa rápida para resolver desacuerdos.

El reparto de las vacaciones puede variar según la edad de los menores, desde quincenas para los más pequeños hasta periodos más largos para los adolescentes. En situaciones donde el progenitor debe trabajar durante las vacaciones, se puede buscar ayuda externa o familiar, lo que puede implicar gastos extraordinarios si ambos padres lo acuerdan.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 556/2024, resuelve la controversia sobre la reclamación de un excónyuge que pagó con dinero propio un préstamo ganancial tras la disolución del régimen matrimonial. El Tribunal analiza si dicho crédito puede incluirse en la liquidación de los bienes gananciales o si debe reclamarse en un proceso independiente. Finalmente, se concluye que el cónyuge que pagó la deuda es acreedor de la sociedad de gananciales, y su crédito puede incluirse en el pasivo de la misma, conforme al artículo 1398 del Código Civil, siendo la vía más adecuada la liquidación dentro de la sociedad postganancial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaró nulo el despido de un trabajador que, tras anunciar que sería padre, fue despedido seis meses antes del nacimiento de su hija. Aunque en primera instancia no se consideró discriminación, el tribunal superior lo revocó al observar la relación temporal directa entre el anuncio y el despido. El fallo señala que la discriminación por paternidad es igualmente válida, aunque generalmente protege a las mujeres embarazadas. La empresa incurrió en una discriminación prohibida, con un fuerte indicio entre el anuncio de paternidad y el despido, lo que llevó a declarar la nulidad del despido.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que otorga mayores derechos y seguridad a las 367,900 empleadas del hogar en España, de las cuales más del 95% son mujeres. Entre las medidas, destacan los reconocimientos médicos gratuitos y el derecho a formación durante la jornada laboral, gestionado por el SEPE. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, subrayó que esta norma salda una "deuda histórica" con este colectivo. También se introducen herramientas gratuitas para la evaluación de riesgos laborales y un protocolo contra el acoso, sin costos adicionales para las familias empleadoras.

La Fiscalía investiga mensajes de odio y falsos en redes sociales que atacan a menores migrantes tras el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. Estos mensajes buscan generar odio y discriminación contra menores extranjeros sin familiares en España. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, condenó a quienes propagan estas falsedades, calificándolos de crueles y peligrosos, y pidió que actúen con humanidad, dado que tales mensajes pueden incitar violencia contra personas inocentes. La investigación se centra en la importancia penal de estos mensajes y su impacto en la convivencia social.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de mejorar la asistencia jurídica gratuita en una reunión con el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González. Según un comunicado del Ministerio, Bolaños recordó que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está actualmente en tramitación, habiendo concluido el plazo de audiencia pública en julio.

Ambas partes acordaron colaborar en la elaboración de esta normativa, que busca atender las demandas del colectivo de abogados y mejorar las condiciones de quienes prestan este servicio público, actualizando los baremos aplicables. Además, Bolaños subrayó la intención de continuar la colaboración con el CGAE, como se hizo durante el mandato de la anterior presidenta, Victoria Ortega, cuando se impulsó la Ley del Derecho de Defensa.

El próximo 19 de septiembre, veintinueve ministros de Justicia de países de habla hispana y portuguesa se reunirán en Tenerife con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica internacional. Este evento estará presidido por el Rey Felipe VI de España y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, ha destacado la importancia de este encuentro para avanzar en la digitalización de las relaciones jurídicas entre los países participantes. Según Bolaños, España se siente honrada de ser anfitriona de esta reunión, que es la segunda de su tipo tras la celebrada en octubre de 2021.

El 1 de septiembre de 2024, entrará en vigor una modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluye una transferencia parcial de competencias al Tribunal General y cambios en el mecanismo de recursos de casación. Esta reforma busca aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia y mejorar la eficiencia en la interpretación del Derecho de la UE.

El primer estudio sobre salud mental de la abogacía madrileña, elaborado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, revela que el 60% de los abogados en Madrid sufren ansiedad, y casi la mitad padecen fatiga y pensamientos deprimentes. Este estudio busca sensibilizar sobre la salud mental en la profesión, tradicionalmente reticente a abordar abiertamente los efectos del estrés y la falta de desconexión.

El informe muestra un cambio en la percepción hacia la salud mental, especialmente entre mujeres y jóvenes, quienes son más abiertos a discutir estos temas. Sin embargo, aún persisten temores sobre el impacto negativo en sus carreras al hablar de problemas de salud mental.

Los principales factores que afectan el bienestar de los abogados incluyen la incapacidad para desconectar del trabajo, la presión de largas horas laborales, y la falta de reconocimiento. Esta situación ha llevado a muchos a considerar cambiar de profesión o tomar un descanso.

La Junta Arbitral del Concierto Económico del País Vasco ha resuelto un conflicto entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Hacienda Foral de Navarra sobre el domicilio fiscal de una empresa de instalaciones eléctricas. La Junta determinó que, aunque la empresa tiene su domicilio social en Andoain (Gipuzkoa), la gestión administrativa y dirección de sus negocios se centraliza en Alsasua (Navarra). La resolución se basa en que el administrador único, el representante, los apoderados, y las operaciones bancarias y notariales se ubican en Navarra. Además, toda la documentación relevante se envía a Alsasua, y no hay evidencia de gestión administrativa en Gipuzkoa. La Junta concluye que, en este caso, el domicilio fiscal y el lugar de gestión administrativa coinciden en Navarra, no en Gipuzkoa.

En un caso de divorcio, el Tribunal Supremo ha revocado la decisión de la Audiencia Provincial que otorgaba la custodia de las hijas al padre pero mantenía a la madre en el uso de la vivienda familiar. Según el Supremo, la asignación del uso de la vivienda debe considerar el interés de las menores y no depende de una solicitud específica del padre. Dado que las hijas necesitan el hogar familiar para su bienestar, el Tribunal otorgó el uso de la vivienda al padre y las hijas hasta que estas alcancen la mayoría de edad. Esta decisión asegura un entorno estable y adecuado para las menores, priorizando su interés sobre otros factores.

El 19 de septiembre, Tenerife acogerá a 29 ministros de Justicia de países de habla hispana y portuguesa para fortalecer la cooperación jurídica. La reunión será presidida por el Rey Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Se presentarán dos proyectos tecnológicos, Iber@ e Iberfides, que facilitan la colaboración segura entre autoridades judiciales. Estos avances buscan modernizar la justicia con la digitalización como elemento clave.

En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha modificado su doctrina al declarar que la pensión por gran invalidez es incompatible con el trabajo a tiempo completo, incluso en casos como el de un trabajador de la ONCE. La sentencia aclara que las "actividades compatibles" con esta pensión deben ser de índole accesoria, marginal, o limitada, y no labores que impliquen inclusión en el sistema de Seguridad Social.

El Tribunal sostiene que las prestaciones de incapacidad permanente tienen como objetivo sustituir la pérdida de ingresos laborales debido a la incapacidad. Si un trabajador sigue obteniendo ingresos a través de un trabajo, no se justifica la necesidad de la pensión, ya que no existe una pérdida real de ingresos. Además, se plantea la necesidad de revisar el sistema de incapacidades para fomentar la reinserción laboral de las personas con discapacidades, potenciando sus capacidades sin depender de prestaciones incompatibles con el trabajo.

La Ley Orgánica 2/2024, publicada el 2 de agosto, fortalece la representación paritaria de mujeres y hombres en sectores decisorios clave en España, superando los avances de la Ley Orgánica 3/2007. La ley modifica normas como la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Mercados de Valores, imponiendo a las empresas cotizadas la obligación de asegurar un mínimo del 40% del sexo menos representado en sus consejos de administración. También amplía estos requisitos a entidades de interés público y regula la presencia equilibrada en altos cargos. Se establecen sanciones para el incumplimiento de estas obligaciones, y se prevén fechas escalonadas de entrada en vigor, dependiendo del tipo de entidad y su capitalización bursátil. La ley también traspone la Directiva (UE) 2022/2381, promoviendo la igualdad de género en toda la economía.

La indemnización recibida por un trabajador debido a un pacto de no competencia, parte de la cual se devengó durante el contrato laboral y otra parte de manera poscontractual, se considera un rendimiento del trabajo a efectos del IRPF. Estos rendimientos se imputan al período impositivo en que la resolución judicial que reconoce el derecho al cobro adquiere firmeza. Si los rendimientos tienen un período de generación superior a dos o cinco años, pueden integrarse en la base imponible al 60% o 50%, respectivamente, con un límite anual de 300.000 euros. Esta imputación no aplica cuando la controversia judicial solo afecta al impago y no a la determinación del derecho o cuantía del cobro.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el despido disciplinario de una auxiliar asistencial por permitir la administración de un tranquilizante no prescrito a una residente sin consultar al personal sanitario. El incidente ocurrió el 15 de marzo de 2023, cuando un compañero de la auxiliar administró el medicamento sin autorización. La auxiliar, pese a tener conocimiento de las normas internas, no informó al personal sanitario ni detuvo la acción. El TSJPV considera que la conducta de la trabajadora constituye una desobediencia grave, poniendo en riesgo la salud de la residente, lo que justifica el despido.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que, aunque la libertad de expresión de los abogados en defensa de sus clientes está reforzada, no es ilimitada. En su sentencia 1217/2024, de 8 de julio, el Supremo confirmó la sanción a un abogado que, en un escrito procesal, vinculó gratuitamente a la parte contraria con antecedentes penales y denuncias previas, sin relación con la defensa de su cliente. El tribunal subrayó que las expresiones utilizadas deben estar justificadas dentro del contexto del litigio y no pueden convertirse en descalificaciones gratuitas. El respeto mutuo en el ámbito procesal es esencial, y cualquier expresión que se desvíe de este principio puede ser sancionada.

La Abogacía Española ha instado al Gobierno a abordar de manera urgente la situación de los mutualistas alternativos que enfrentan pensiones incompatibles con una jubilación digna. En una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente del Consejo General, Salvador González, solicitó incluir a todos los mutualistas afectados en el reciente acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para mejorar el acceso a las pensiones. González argumentó que la cuestión debe abordarse en términos de derechos constitucionales, como lo señalan diversos informes técnicos. El Gobierno ha prometido una propuesta en los próximos meses, mientras los grupos parlamentarios han presentado enmiendas para establecer un plazo cerrado que garantice una solución legislativa.

La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, busca garantizar la representación efectiva de mujeres en decisiones políticas y económicas, superando la Ley Orgánica 3/2007. Modifica leyes clave, como la Ley de Sociedades de Capital, para asegurar un 40% de representación del sexo menos representado en consejos de administración de entidades cotizadas y de interés público. Las empresas deberán ajustar sus procesos de selección y reportar en sus informes de sostenibilidad. También se establecen sanciones para el incumplimiento de estas normas. La entrada en vigor será progresiva: para las principales sociedades cotizadas en 2026, y para otras entidades hasta 2029.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real ha ordenado a un empresario pagar 2.500 euros a una trabajadora por vulnerar su derecho al honor y a la dignidad. La condena se basa en la campaña de desprestigio realizada por el empresario durante la baja médica de la empleada, quien había sido diagnosticada con una enfermedad común. El empresario realizó comentarios injuriosos frente a la trabajadora, cuestionando la veracidad de su incapacidad y difamando su reputación ante colegas, proveedores y clientes. A pesar de alegar dificultades económicas y un incidente aislado, el tribunal determinó que sus acciones afectaron significativamente la reputación de la empleada, constituyendo una vulneración de sus derechos fundamentales.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la sentencia de primera instancia que condenó al demandado a pagar los honorarios al despacho de abogados por su trabajo en la reclamación de una indemnización por accidente laboral. El despacho obtuvo una oferta de 24.556,08 euros de la aseguradora, la cual fue aceptada por el cliente mediante comunicación explícita. Aunque el cliente luego cambió de abogado y obtuvo una indemnización superior, la Sala concluyó que el despacho había cumplido su encargo y que el pacto de cuota litis acordado es aplicable. Se destacó que el cliente no solicitó tiempo para decidir ni una segunda opinión, aceptando la oferta y, por tanto, el despacho tiene derecho a sus honorarios acordados.

En abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) demandó a EasyJet Handling Spain, exigiendo que se entreguen recibos individuales de retribuciones ("nóminas claras") detallando todos los conceptos, incluyendo atrasos y variables vacaciones. La demanda subraya que los trabajadores deben recibir nóminas que identifiquen claramente el origen, concepto, unidades, y valor de cada abono, garantizando la transparencia salarial y el derecho a reclamar en caso de disconformidad. La empresa deberá adaptar su software para cumplir con estos requisitos, dado que es responsabilidad del empleador proporcionar información detallada sin requerir acciones adicionales por parte de los empleados.

Con la nueva orden se suprime el modelo 037 de Declaración censal simplificada, mientras se introducen modificaciones en los modelos 030 y 036. El modelo 036 incorporará una nueva página para identificar titulares reales y una casilla para la rehabilitación del NIF en entidades en liquidación. Además, se mejorarán los avisos informativos a través de teléfono y correo electrónico. Las modificaciones se aplicarán a partir del 3 de febrero de 2025. La supresión del modelo 037 responde a la evolución tecnológica y a la mejora en los servicios de asistencia al contribuyente, que ahora se gestiona a través del modelo 036.

Salvador González Martín ha sido investido como noveno presidente del Consejo General de la Abogacía Española en una ceremonia celebrada en el Senado. González, quien también es decano de la Abogacía de Málaga, se enfocará en mejorar las condiciones del turno de oficio y asegurar pensiones dignas para los mutualistas. En su discurso, destacó la importancia de la abogacía en el Estado de Derecho y prometió fomentar la transparencia y un diálogo abierto con los profesionales. Victoria Ortega, su predecesora, le despidió elogiando sus capacidades y llamando a un retorno al diálogo constructivo.

El Tribunal Constitucional revisará esta semana los recursos de cinco excargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE. Se espera que la mayoría progresista del Pleno apruebe la exoneración parcial de la malversación para algunos de ellos. La vicepresidenta Inmaculada Montalbán propone reducir las condenas de Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo, excluyendo ciertos actos de malversación y ajustando sentencias previas. Los recursos de otros exconsejeros, incluyendo a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, serán revisados el 16 de julio.

El CGPJ ha presentado un informe que recomienda convocar 350 plazas de juez/a anuales durante los próximos diez años para cubrir vacantes por jubilación, fallecimiento y renuncia. Basado en proyecciones, el plan estima que en 2033 habrá 2.096 vacantes y 6.554 unidades judiciales, con una plantilla de 4.458 jueces/as y magistrados/as. Se proyecta también la creación de 70 nuevas plazas judiciales cada año, buscando garantizar un adecuado servicio público de la Justicia.

El artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que solo los propietarios al corriente de pago pueden impugnar acuerdos comunitarios, salvo que estos acuerdos se refieran a la modificación de cuotas de participación del artículo 9. Esta excepción ha sido ampliada por el Tribunal Supremo, permitiendo impugnar también acuerdos sobre la exoneración de gastos o cambios en el sistema de reparto de estos. No obstante, no incluye acuerdos sobre derramas, presupuestos, o liquidaciones de deudas individuales. Por lo tanto, un propietario moroso puede impugnar solo si el acuerdo afecta directamente a las cuotas de participación o al sistema de reparto de gastos comunitarios.

Con la llegada del verano, el uso de la piscina comunitaria se convierte en un tema relevante y potencialmente conflictivo. En principio, todos los propietarios tienen derecho a utilizar este servicio común, salvo excepciones establecidas en el Título Constitutivo o los estatutos. Las normas de uso y posibles limitaciones deben ser acordadas en Junta de propietarios. Esto incluye regular el acceso de empleados y amigos de los propietarios, así como el uso conjunto por inquilinos y propietarios. En casos de morosidad, la Junta puede privar temporalmente el acceso a la piscina. Cada comunidad debe establecer normas claras y métodos para asegurar su cumplimiento, evitando conflictos y garantizando un uso equitativo y ordenado de este valioso recurso.

A un año de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, evaluamos si ha mejorado el acceso a viviendas dignas. La ley, aprobada en mayo de 2023, prometía un mercado de alquiler accesible, pero su implementación ha sido desafiante debido a la descentralización de competencias. Las prórrogas de arrendamiento y límites de renta han tenido poco efecto, y la oferta de viviendas en alquiler ha disminuido, con precios en aumento. El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la vivienda, aunque ha declarado inconstitucionales algunos artículos. En resumen, la ley no ha logrado mejorar significativamente el mercado de alquiler, necesitando más incentivos para aumentar la oferta de viviendas.

La sentencia del Tribunal Supremo (TS), Sala Primera, de lo Civil, 556/2024, de 24 de abril, resuelve sobre la inclusión de pagos realizados por un excónyuge con dinero privativo para liquidar deudas gananciales tras la disolución del régimen. El caso involucra un matrimonio bajo el régimen de gananciales que se disuelve en marzo de 2010. Tras la disolución, el exesposo pagó íntegramente un préstamo personal ganancial pendiente de 13,000€ con dinero propio. El Tribunal Supremo establece que dicho crédito puede incluirse en el pasivo de la sociedad de gananciales durante la liquidación, amparado en el artículo 1398.3.ª del Código Civil, permitiendo al exesposo reclamar la mitad del importe abonado.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2024. Su aplicación será gradual, con la mayoría de sus disposiciones activándose el 2 de agosto de 2026. Este reglamento categoriza los niveles de riesgo de los sistemas de IA, prohibiendo aquellos con riesgos inasumibles, como el reconocimiento facial y la manipulación de comportamiento, salvo excepciones estrictas. También establece regulaciones para sistemas de alto riesgo, como los que influyen en elecciones, y prevé sanciones de hasta 35 millones de euros. La normativa busca equilibrar la seguridad y los derechos fundamentales sin perjudicar la competitividad europea.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra artículos de las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, suspendiendo cautelarmente su aplicación. Los recursos cuestionan la atención sanitaria a personas trans y la posible vulneración de competencias del Estado. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que las normativas madrileñas son "regresivas" y violan derechos reconocidos a nivel estatal. La suspensión afectará la prohibición de terapias de conversión y los requisitos para tratamientos médicos de menores trans.

Los partidos PP y PSOE han pactado la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la presentación de una ley orgánica para fortalecer su independencia, en respuesta a recomendaciones de la Comisión Europea. La propuesta también busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal, limitando las 'puertas giratorias' y estableciendo criterios más estrictos para los nombramientos judiciales. Las asociaciones judiciales han expresado tanto apoyo como críticas, destacando la urgencia de restaurar la normalidad institucional y evitar la politización del órgano judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida salarial del 2% para más de tres millones de empleados públicos, efectiva desde el 1 de enero y retroactiva. En enero de 2025 se sumará un 0,5% adicional basado en la inflación, alcanzando un incremento total del 2,5% para 2024. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que esta medida cumple con el acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI. En total, la revalorización salarial para el período 2022-2024 alcanzará hasta el 9,8%.

El Tribunal Supremo ha anulado la desheredación de una hija, confirmando que no maltrató psicológicamente a su padre, quien la abandonó en su niñez. La demandante solicitó la nulidad del testamento y su derecho a la legítima, pero el juzgado y la AP de Sevilla rechazaron sus demandas. El Supremo, en cambio, determinó que el vínculo se rompió por el abandono del padre y no por la hija. Además, desestimó que la falta de visitas durante la enfermedad del padre justificara la desheredación, anulando así la institución de heredera que perjudicaba la legítima de la demandante.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de dieciocho meses de prisión y multa a una persona que realizó una oferta falsa de alquiler de vivienda por internet. El acusado utilizó fotografías de una vivienda que no le pertenecía para engañar a la víctima y obtener una transferencia de 750 euros. La sentencia destaca la gravedad de aprovechar la necesidad de vivienda en un mercado de alquiler tensionado, calificando la conducta como una estafa agravada. La sentencia fue dictada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Mª Ferrer, Andrés Palomo y Ángel Luis Hurtado, con Vicente Magro como ponente.

PSOE y PP han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio de bloqueo. La nueva composición será paritaria, con diez sillones para los conservadores y diez para los progresistas. De los 20 nuevos miembros, 12 proceden de la carrera judicial y 8 son juristas de reconocida competencia. La renovación incluye magistrados del Tribunal Supremo y otros destacados juristas, garantizando una representación equilibrada y diversa en el órgano de gobierno de los jueces.

La reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha generado descontento en varios colegios de abogados debido a la ausencia de representantes de la abogacía en el nuevo reparto. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han manifestado su malestar, subrayando que esta exclusión contradice el artículo 122.3 de la Constitución Española, que prevé la inclusión de abogados en el CGPJ. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha instado a las fuerzas políticas a reajustar esta decisión, destacando la importancia de la perspectiva y experiencia de los abogados para el funcionamiento equitativo de la justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de recuperar y ampliar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. Este proyecto beneficia a españoles residentes en el extranjero, extranjeros por reagrupación familiar y cualquier residente en España, sin importar su condición administrativa. La ley modifica la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, para incluir a solicitantes de protección internacional, víctimas de trata y personas sin registrar como residentes. Además, el proyecto introduce la "cartera común de servicios única" y garantiza la no inclusión de nuevos copagos. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fortaleciendo la equidad y cohesión del sistema sanitario español.

En España, la calificación de los gastos relacionados con universidades privadas en casos de divorcio o separación parental es objeto de análisis judicial diverso. La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo ha establecido criterios para distinguir entre gastos ordinarios, extraordinarios necesarios y no necesarios. Los gastos ordinarios cubren necesidades básicas como alimentación y vestido, mientras que los extraordinarios necesarios incluyen educación superior privada cuando es acordada previamente, es previsible y proporcional a las posibilidades económicas de los progenitores. Esta categorización se fundamenta en la periodicidad, previsibilidad y acuerdo parental. Los casos recientes destacan la importancia del consentimiento durante el matrimonio y la capacidad económica para determinar la responsabilidad de pago. Estas decisiones reflejan la complejidad de la legislación civil en España y la necesidad de evaluar cada caso particularmente para determinar la naturaleza del gasto universitario.

Resumen: La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo establece que la extinción de la pensión alimenticia para hijos mayores de edad, cuando estos obtienen ingresos, despliega sus efectos desde la fecha de la sentencia que la modifica, sin efectos retroactivos. Este criterio se fundamenta en el principio de que los recursos económicos del hijo deben ser suficientes para su autonomía económica, y que los ingresos previos, aunque existan, pueden haber sido destinados a cubrir necesidades familiares compartidas. Asimismo, se rechaza la obligación de devolver lo percibido, considerando que las pensiones alimenticias se consumen en necesidades vitales y que no se configura un caso de abuso o fraude. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha consolidado esta doctrina en diversas sentencias que aplican los principios del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de modificación de medidas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley 1/2005 para transponer dos directivas europeas de 2023, actualizando el sistema de comercio de derechos de emisión en España. Esta medida, explicada por la vicepresidenta Teresa Ribera, busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. El sistema obliga a las empresas a comprar derechos si exceden sus emisiones permitidas, incentivando así la reducción. La modificación responde a la Directiva 2023/959 y la Directiva 2023/958, que ajustan el régimen de comercio de derechos de emisión y contribuyen a los objetivos climáticos de la UE. Estos cambios forman parte del paquete legislativo "objetivo 55", destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990.

El Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes Generales el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para su tramitación urgente, buscando su aprobación antes de finalizar 2024. La ley, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, promueve la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales, apoyando especialmente a los sectores independientes. Alineada con la normativa europea, la ley abarca desde la protección del patrimonio audiovisual hasta la promoción de la igualdad de género y la diversidad lingüística. Además, refuerza los derechos de propiedad intelectual y fomenta la competitividad internacional del sector audiovisual español.

Diego Cabezuela, socio director de Círculo Legal y presidente de Inlaw Alliance of Law Firms, destaca la importancia de abordar el cohecho internacional en mercados de riesgo y el impacto del compliance en la transparencia empresarial. En una entrevista, explica que el compliance ha evolucionado hacia una cultura integral de cumplimiento legal, crucial para operar en entornos internacionales. Subraya la necesidad de proteger a los whistleblowers y el papel fundamental de la OCDE en la lucha contra la corrupción. Aunque España ha avanzado en la implementación de medidas contra el cohecho, enfrenta desafíos en la obtención de condenas debido a la complejidad de los casos. El evento organizado por Inlaw en Madrid reunirá a expertos para discutir estas cuestiones y promover un entorno empresarial global más transparente y justo.

Durante los tres primeros meses de 2024, los órganos judiciales registraron un notable aumento del 41,1 % en el número de concursos en comparación con el mismo período de 2023. Este incremento se debe principalmente a un aumento del 52,2 % en los concursos de personas físicas no empresarios y un crecimiento del 23,9 % en los concursos de personas jurídicas. Por otro lado, los concursos de personas físicas empresarios disminuyeron en un 24 %. En total, se presentaron 13.148 concursos, con Cataluña liderando el número de casos (3.416). Además, se observó un incremento del 10,7 % en los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, un 12 % en los lanzamientos por impago de alquiler y un aumento del 20,6 % en las demandas por despido en comparación con el primer trimestre de 2023.

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que un hombre incapacitado judicialmente puede solicitar el divorcio sin la necesidad de intervención de su curadora. Este fallo desestima la demanda de la esposa, quien argumentaba que su marido no tenía legitimación activa para iniciar el proceso de divorcio debido a su discapacidad. El Tribunal concluyó que la curatela del hombre, a cargo de su hija, solo se extendía a actos jurídicos, económicos y mercantiles complejos y asuntos de salud, no a decisiones personales como el divorcio. Además, la justicia corroboró que la voluntad del demandante de divorciarse era genuina, considerando la separación de hecho que llevaba con su esposa desde hacía casi tres años.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el infarto fatal de un trabajador antes de fichar y comenzar su turno no se considera accidente laboral. En el caso, el trabajador sufrió un síncope en los vestuarios de su empresa antes de ponerse el calzado de seguridad y de iniciar su jornada laboral. El Supremo sostuvo que para que un incidente sea considerado accidente laboral, debe ocurrir durante el "tiempo de trabajo", lo cual implica que el empleado esté en su puesto de trabajo realizando alguna actividad laboral. Así, el infarto fue categorizado como una enfermedad común, ya que ocurrió antes de que el trabajador estuviera oficialmente a disposición del empleador.

El Tribunal Supremo aborda si un trabajador que adquiere la condición de personal estatutario fijo puede optar por seguir como contratado laboral a extinguir o por el puesto fijo, y si en este último caso, le corresponde la excedencia prevista en el Estatuto Marco del Personal Estatutario del Servicio de Salud (EMPSS). La Sala determina que es aplicable la excedencia específica por prestar servicios en el sector público (art. 66.1.a del EMPSS), no una excedencia voluntaria (art. 67). El fallo resuelve que, ante la incompatibilidad de ejercer ambos roles simultáneamente, el trabajador puede mantener su condición de estatutario fijo mediante esta excedencia sin perder su puesto actual de contratado laboral a extinguir.

El envejecimiento demográfico plantea un importante desafío en la Unión Europea, especialmente en el cuidado de larga duración para las personas mayores. Este fenómeno, junto con el cambio climático y la revolución tecnológica, redefine el futuro de la sociedad europea. Con el aumento de la esperanza de vida, la población mayor y su dependencia se incrementan, creando una mayor demanda de cuidados. Sin embargo, esta demanda no se corresponde con un aumento proporcional en la oferta de cuidadores, principalmente debido a cambios en la estructura familiar y la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Se necesita una estrategia integral de cuidados que garantice la autonomía e independencia de las personas mayores y reconozca el cuidado como un derecho fundamental. La UE ha presentado una Estrategia Europea de Cuidados, enfocada en brindar cuidados de larga duración asequibles y de calidad. Además, se vislumbra una nueva estrategia europea de personas mayores, centrada en la igualdad, la no discriminación y el envejecimiento activo y saludable.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que el despido de un empleado de Peugeot, quien hizo comentarios homófobos en el día del Orgullo LGTBI+, fue improcedente pero no nulo. Aunque sus expresiones excedieron la libertad de expresión al difamar públicamente a un grupo por su orientación sexual, el tribunal consideró que el despido no tenía justificación. Se argumentó que no se vulneró el derecho a la libertad de expresión, pero se desestimó una solicitud indemnizatoria al no haber violación de derechos fundamentales.

La Directiva (UE) 2024/1385 establece normas mínimas para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en la Unión Europea. Define los delitos y sanciones, protege los derechos de las víctimas y promueve la prevención y la intervención temprana. Incluye disposiciones sobre delincuencia informática relacionada con la explotación sexual, acceso a la justicia y asistencia jurídica. Prioriza la coordinación entre autoridades y organismos pertinentes. Entrará en vigor el 13 de junio de 2024, aplicable desde el 1 de julio de 2026, instando a los Estados miembros a implementarla antes del 14 de junio de 2027.

Desde mayo de 2019, el registro laboral es obligatorio según el RD-ley 8/2019, conservándose por cuatro años y siendo accesible para inspección. La AEPD restringe el uso de datos biométricos (facial, iris, huella dactilar) en el trabajo debido a su alto riesgo, salvo que sea necesario por obligaciones legales, ya que el consentimiento presenta problemas en el ámbito laboral. Se requiere una Evaluación de Impacto y medidas de protección como cifrado y minimización de datos. En internet, la verificación de edad debe cumplir con el principio de minimización y no puede ser base para tratamiento adicional de datos de menores. Los métodos aceptados deben garantizar anonimato, evitar perfilación y proteger a los menores sin exponerlos a riesgos adicionales.

La Audiencia de Jaén ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un funcionario de prisiones, de 53 años, por cohecho al vender permisos y favores a internos. Además, deberá pagar una multa de 3.240 euros y está inhabilitado por diez años y seis meses para empleo público. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma que el funcionario gestionaba vis a vis e introducía objetos prohibidos a cambio de dinero. La investigación, iniciada en 2021, incluyó seguimientos y testimonios de internos que lo señalaban. El funcionario, retirado hace tres años, niega los cargos y su defensa afirma que las acusaciones responden a venganzas. La sentencia puede ser recurrida ante el TSJA.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha aprobado la prohibición del despido automático por incapacidad, en respuesta a las demandas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció la modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para evitar la discriminación de empleados con discapacidad. La reforma permite que estos trabajadores decidan si desean mantener su empleo con las adaptaciones necesarias. Además, se establece un plazo de seis meses para implementar cambios relacionados con invalideces permanentes. Esta medida fortalece los derechos laborales de las personas con discapacidad y alinea la legislación con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Tribunal Constitucional analizará si la Ley de Interinos de 2021 vulnera el derecho de acceso a las funciones públicas en igualdad de condiciones. Esta decisión surge tras admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que cuestiona dos disposiciones adicionales de la norma. La ley busca estabilizar el empleo temporal prolongado en las Administraciones públicas mediante concursos de méritos, reservando estos para puestos ocupados temporalmente por al menos cinco años. El TSJ considera que la medida podría ser contraria al derecho de igualdad y exceder las competencias autonómicas al imponer un sistema de concurso a todas las Administraciones.

En una manifestación, el acusado golpeó a un Mosso d'Esquadra, causando lesiones. Condenado por delitos de atentado y lesiones, apeló cuestionando la autenticidad de las grabaciones usadas como prueba, alegando fallos en la cadena de custodia. El Tribunal Supremo desestimó estas objeciones, confirmando que las grabaciones, obtenidas de medios como BTV y Antena 3, eran auténticas y fueron correctamente incorporadas al proceso. La defensa conocía las pruebas desde el inicio y no objetó durante la instrucción. Además, otros testimonios corroboraron la identificación del acusado, asegurando su culpabilidad. El Supremo ratificó la condena, concluyendo que las pruebas eran suficientes para descartar la presunción de inocencia del acusado.

El Tribunal Constitucional está a punto de ratificar una ley aprobada en 2022 que penaliza el acoso a mujeres en clínicas de interrupción del embarazo. La magistrada María Luisa Balaguer defiende la constitucionalidad de la norma, que probablemente será respaldada por la mayoría progresista del tribunal, rechazando así el recurso presentado por diputados de Vox. La ley castiga con hasta un año de prisión los actos que menoscaben la libertad de las mujeres en estos centros, siendo aprobada con votos en contra del PP y Vox. Además, el tribunal deliberará sobre otros asuntos, incluyendo la admisión de un recurso contra la 'ley trans' de la Comunidad de Madrid y la disposición de los Presupuestos Generales del Estado que otorgó facultades al País Vasco sobre funcionarios de Administración local. También se espera una decisión sobre el recurso del presidente del Gobierno contra la ley gallega de medidas fiscales y administrativas.

El Tribunal Supremo ratifica que una cláusula en un seguro de daños a todo riesgo, excluyendo la cobertura en casos de robo en los que participe algún trabajador del asegurado, exonera a la aseguradora del pago de la indemnización. En este caso, una joyería reclamaba 133.819 euros a su aseguradora por un robo en el que una empleada fue coautora del delito. Aunque la Audiencia Provincial inicialmente dictaminó a favor de la joyería, el Tribunal Supremo revocó la sentencia, confirmando que la aseguradora no está obligada a indemnizar según lo establecido en el contrato y la ley.

El Real Decreto 434/2024 establece el arancel de derechos para los profesionales de la Procura en España, regulando los honorarios devengados en actuaciones judiciales y administrativas. Excluye ciertas actividades como mediación y gestiones extraprocesales. Se prohíben límites mínimos y se establece un máximo de 75.000 euros por asunto. Se requiere la entrega de un presupuesto previo detallado y se establece el devengo desde el inicio de la actuación. Además, se abordan temas como la sustitución del profesional y la multirrepresentación. Se determinan las cuantías máximas para distintos tipos de procedimientos y se detallan las bases de cálculo. La normativa deroga el Real Decreto 1373/2003 y entra en vigor el 2 de mayo de 2024, aplicándose a los nuevos procedimientos y, parcialmente, a los en curso. Los profesionales deberán emitir nuevos presupuestos para actuaciones que carecían de arancel propio en la normativa anterior.

El Real Decreto publicado el 1 de mayo desarrolla la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley de Empleo. Por primera vez, se establece una cartera común de servicios para todo el territorio español, garantizando igualdad de trato y oportunidades. La norma incluye servicios para orientación laboral, intermediación, formación y asesoramiento para emprendedores. Además, se regula un expediente laboral personalizado único y se detallan los compromisos tanto para demandantes de empleo como para empresas. Este Real Decreto consta de seis capítulos que abordan disposiciones generales, demanda de empleo y servicios, servicios garantizados, prestación de servicios, acuerdo de actividad, y financiación y evaluación de la cartera común de servicios.

El 30 de abril se publicó una modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, referente al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que aborda incentivos fiscales, reserva para inversiones y la Zona Especial Canaria. Las ayudas para Canarias se consideran compatibles con el mercado interior. La modificación clasifica el diferencial de deducción aplicable a producciones cinematográficas o audiovisuales en Canarias como ayuda regional de funcionamiento en lugar de ayuda sectorial. Se ajustan varios artículos del reglamento para reflejar esta nueva clasificación y sus implicaciones.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado sus memorias anuales para 2023. La Memoria de actuación destaca un aumento significativo en reclamaciones recibidas y resueltas, así como sanciones impuestas por incumplimiento. Se abordan procedimientos transfronterizos y áreas con mayores multas. La Memoria de Responsabilidad Social destaca medidas para proteger a la infancia en Internet y la verificación de edad, junto con el aumento en el número de delegados de protección de datos comunicados y consultas recibidas.

El Gobierno ha afirmado que no es necesario realizar cambios normativos tras la sentencia del Tribunal Supremo que extendió la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los gastos de custodia de menores en guarderías. En respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, el Ejecutivo indicó que el sentido literal de la ley es compatible con la interpretación del Alto Tribunal. La sentencia del Supremo unifica el criterio sobre la deducción y corrige la interpretación restrictiva de la Administración, permitiendo la deducción de gastos de guardería dentro de los límites legales establecidos.

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 307/2022, que modificaba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, debido a la "manifiesta insuficiencia" del análisis de impacto económico en su Memoria de Análisis de Impacto Normativo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó un recurso presentado por varios colegios de procuradores, señalando que la falta de análisis detallado del impacto económico en una profesión fundamental para la Administración de Justicia era sorprendente. La sentencia también critica la descripción genérica sobre el efecto en la competencia y considera que la reforma no puede calificarse de escasa relevancia para el colectivo afectado.

El Real Decreto 355/2024, aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores", reemplazando a la versión desfasada del Reglamento de aparatos de elevación y manutención. La ITC establece pautas para la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de ascensores, con el objetivo de mejorar la seguridad. Introduce medidas para incrementar la seguridad en ascensores existentes y establece requisitos para el plan de mantenimiento y el manual de funcionamiento. El Real Decreto derogará normativas anteriores y entrará en vigor el 1 de julio de 2024.

El juzgado de lo Penal nº14 de Madrid ha condenado a un conductor por un delito de lesiones por imprudencia grave, tras atropellar a una mujer en un paso de peatones. La víctima sufrió graves lesiones, incluyendo un traumatismo craneoencefálico severo y tetraparesia espástica muy grave. El tribunal ordenó una indemnización de más de tres millones de euros, pero el abogado de la víctima planea apelar el fallo debido a preocupaciones sobre la suficiencia de la compensación para cubrir los costos médicos a largo plazo.

La Ley 3/2024, de 12 de abril, establece el marco legal para la atención en centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Destaca por su enfoque en la atención integral centrada en la persona, promoviendo la vida independiente y la dignidad de los usuarios. Introduce un sistema de verificación de calidad de los servicios residenciales y establece requisitos para la autorización, organización y funcionamiento de los centros. La ley también aborda la evaluación de la calidad, la concertación de plazas y el régimen sancionador. Se deroga un decreto-ley anterior y entra en vigor el 14 de mayo de 2024, con disposiciones transitorias para la acreditación de centros y proyectos en curso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de gastos hipotecarios comienza cuando el cliente tiene una sentencia favorable firme, no cuando se pagan los gastos ni cuando se emite jurisprudencia. Esto supone un revés para la banca, que argumentaba que el plazo comenzaba en la firma del contrato o en la emisión de sentencias del Tribunal Supremo. El TJUE destaca que fijar la fecha de pago como inicio del plazo dificultaría el ejercicio de los derechos del consumidor y vulneraría el principio de efectividad. Asimismo, señala que el consumidor no debe llevar a cabo actividades propias de investigación jurídica para conocer el alcance de las sentencias. Esta decisión beneficia a los consumidores, permitiéndoles reclamar cláusulas abusivas sin temor a ser tildados de reclamar tarde. 

El artículo analiza la propuesta de Directiva de Precios de Transferencia en la Unión Europea (UE), que busca armonizar la aplicación del principio de plena competencia. Se destaca la propuesta de eliminar gradualmente este principio en favor del formulary apportionment, una medida respaldada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (CAEM) para abordar la elusión fiscal. Sin embargo, se plantean desafíos en la implementación de este sistema, como la necesidad de cooperación fiscal a gran escala y la falta de precisión en la identificación de actividades por entidad. Se destaca la necesidad de cooperación internacional y voluntad política para su implementación global. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de gastos hipotecarios comienza cuando la sentencia que declara la cláusula abusiva adquiere firmeza y se declara su nulidad. Esta decisión, aplicada a casos de Bankia y Banco Santander, establece que el consumidor adquiere un conocimiento certero de la irregularidad de la cláusula en esa fecha, lo que inicia el plazo para la acción de restitución. Esta sentencia complementa un fallo previo que indicaba que el plazo no comienza antes de que el consumidor conozca la abusividad de la cláusula. 

La proximidad de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha generado caos y preocupación entre los propietarios de mascotas afectadas. La disposición transitoria segunda de esta ley ha dejado en el limbo a dueños de mascotas exóticas, ya que los gobiernos regionales carecen de claridad sobre su aplicación. La falta de infraestructura adecuada en los centros designados para acoger a estos animales plantea un desafío logístico adicional. La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) ofrece consejos para documentar a los animales exóticos y cumplir con los requisitos de la nueva normativa. 

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres años de prisión para un informático que llevó a cabo un ciberataque conocido como "bomba lógica" contra el Banco Santander tras ser despedido. El individuo, que trabajaba en la ciudad financiera del banco en Boadilla del Monte, creó un programa malicioso que paralizó más de 3.000 ordenadores de 839 oficinas durante seis días, causando pérdidas económicas tasadas en casi 300.000 euros. El Tribunal Supremo rechazó el recurso del acusado y confirmó la sentencia, argumentando que las conclusiones de la justicia anterior eran coherentes y no se vulneraron sus derechos durante la investigación del caso.